martes, 1 de enero de 2013

La Desamortización de Madoz

Entre 1855 y 1924 iniciaron una nueva desamortización de bienes con la Ley General de 1 de mayo de 1855, su visible impulsor fue el ministro de Hacienda Pascual Madoz. Por su duración y volumen de ventas fue la más importante de las efectuadas en ese siglo. El gobierno de entonces realizó el traspaso de los bienes de regulares y seculares y, sobre todo, se declaró la venta de los patrimonios de todas las llamadas manos muertas para bienes municipales, instrucción pública y beneficencia…

Durante el bienio progresista, a cuyo frente estuvo de nuevo Baldomero Espartero junto a O'Donnell, el ministro Pascual Madoz realizó una nueva desamortización que fue ejecutada con mayor control estatal que la de Mendizábal. El jueves 3 de mayo de 1855 se publicó en La Gaceta de Madrid y el 31 la Instrucción para realizarla.

El político y constructor Pacusl Madoz

Se declararon en venta todas las propiedades del Estado, del clero, de las órdenes militares y católicas de Santiago, Alcántara, Calatrava, Montesa y San Juan de Jerusalén (hoy de Malta, una orden católica con muchísimo poder y al frente de un país, entre otras cosas), de cofradías, obras pías, santuarios, del ex infante Don Carlos, de los propios y los comunes de los pueblos, de la beneficencia y de la instrucción pública, con las excepciones de las Escuelas Pias y los hospitalarios de San Juan de Dios, dedicados a la enseñanza y atención médica respectivamente puesto que reducían el gasto del Estado en estos ámbitos. Se permitió la desamortización de los censos pertenecientes a las mismas organizaciones.

Esta desamortización alcanzó un mayor volumen de ventas y tuvo una importancia superior a todas las anteriores, sin embargo los historiadores se han ocupado tradicionalmente mucho más de la de Mendizábal. Su importancia reside en su duración, el gran volumen de bienes movilizados y las grandes repercusiones que tuvo en la sociedad española.

Después de haber sido motivo de enfrentamiento entre conservadores y liberales, ahora todos los partidos políticos reconocen la necesidad de acabar con las manos muertas para alcanzar un mayor desarrollo económico del país. Se suspendió la aplicación de la ley el 14 de octubre de 1856, reanudándose de nuevo dos años después, el 2 de octubre de 1858, siendo presidente del Consejo de Ministros O'Donnell, no cesando las ventas hasta fin de siglo, continuando a pesar de los diferentes cambios de gobierno.

En 1867 se habían vendido en total 198.523 fincas rústicas y 27.442 urbanas. El estado ingresó 7.856.000.000 reales entre 1855 y 1895, casi el doble de lo obtenido con la desamortización de Mendizábal. Este dinero se dedicó fundamentalmente a cubrir el déficit del presupuesto del Estado, amortización de Deuda pública y obras publicas, reservándose 30 millones de reales anuales para la reedificación y reparación de las iglesias de España.

Tradicionalmente se le ha llamado al periodo de que tratamos desamortización civil, nombre inexacto, pues si bien es cierto que se subastaron gran número de fincas que habían sido propiedad comunal de los pueblos, lo cual constituía una novedad, también se vendieron muchos bienes hasta entonces pertenecientes a la Iglesia, sobre todo las que estaban en posesión del clero secular.

En conjunto, se calcula que de todo lo desamortizado, el 30% pertenecía a la iglesia, el 20% a beneficencia y un 50 % a las propiedades municipales, fundamentalmente de los pueblos. El Estatuto Municipal de José Calvo Sotelo de 1924 derogó definitivamente las leyes sobre desamortización de los bienes de los pueblos y con ello la desamortización de Madoz…

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