Entre 1855 y 1924 iniciaron una nueva desamortización de bienes con la Ley General de 1 de
mayo de 1855, su visible impulsor fue el ministro de Hacienda Pascual
Madoz. Por su duración y volumen de ventas fue la más importante de las efectuadas en ese siglo. El gobierno de entonces realizó el traspaso de los bienes de
regulares y seculares y, sobre todo, se declaró la venta de los patrimonios de
todas las llamadas manos muertas para bienes municipales, instrucción pública y
beneficencia…
Durante el bienio progresista, a cuyo frente estuvo de nuevo
Baldomero Espartero junto a O'Donnell, el ministro Pascual Madoz
realizó una nueva desamortización que fue ejecutada con mayor control estatal
que la de Mendizábal. El jueves 3 de mayo de 1855 se publicó en La Gaceta de Madrid y el 31 la Instrucción para
realizarla.
El político y constructor Pacusl Madoz |
Se declararon en venta todas las propiedades del Estado, del
clero, de las órdenes militares y católicas de Santiago, Alcántara, Calatrava, Montesa y San
Juan de Jerusalén (hoy de Malta, una orden católica con muchísimo poder y al frente de un país, entre otras cosas), de cofradías, obras pías, santuarios, del ex infante Don
Carlos, de los propios y los comunes de los pueblos, de la beneficencia y de la
instrucción pública, con las excepciones de las Escuelas Pias y los
hospitalarios de San Juan de Dios, dedicados a la enseñanza y atención médica
respectivamente puesto que reducían el gasto del Estado en estos ámbitos. Se permitió la desamortización de los censos pertenecientes a las
mismas organizaciones.
Esta desamortización alcanzó un mayor volumen de ventas y tuvo una
importancia superior a todas las anteriores, sin embargo los historiadores se
han ocupado tradicionalmente mucho más de la de Mendizábal. Su importancia
reside en su duración, el gran volumen de bienes movilizados y las grandes
repercusiones que tuvo en la sociedad española.
Después de haber sido motivo de enfrentamiento entre conservadores
y liberales, ahora todos los partidos políticos reconocen la necesidad de
acabar con las manos muertas para alcanzar un mayor desarrollo económico del
país. Se suspendió la aplicación de la ley el 14 de octubre de 1856,
reanudándose de nuevo dos años después, el 2 de octubre de 1858, siendo
presidente del Consejo de Ministros O'Donnell, no cesando las ventas hasta fin
de siglo, continuando a pesar de los diferentes cambios de gobierno.
En 1867 se habían vendido en total 198.523 fincas rústicas y
27.442 urbanas. El estado ingresó 7.856.000.000 reales entre 1855 y 1895, casi
el doble de lo obtenido con la desamortización de Mendizábal. Este dinero se
dedicó fundamentalmente a cubrir el déficit del presupuesto del Estado,
amortización de Deuda pública y obras publicas, reservándose 30 millones de
reales anuales para la reedificación y reparación de las iglesias de España.
Tradicionalmente se le ha llamado al periodo de que tratamos
desamortización civil, nombre inexacto, pues si bien es cierto que se
subastaron gran número de fincas que habían sido propiedad comunal de los
pueblos, lo cual constituía una novedad, también se vendieron muchos bienes
hasta entonces pertenecientes a la
Iglesia, sobre todo las que estaban en posesión del clero
secular.
En conjunto, se calcula que de todo lo desamortizado, el 30%
pertenecía a la iglesia, el 20% a beneficencia y un 50 % a las propiedades
municipales, fundamentalmente de los pueblos. El Estatuto Municipal de José
Calvo Sotelo de 1924 derogó definitivamente las leyes sobre desamortización de
los bienes de los pueblos y con ello la desamortización de Madoz…
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